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Ana Camacho (28/8/2013)Gibraltar
Con las crisis abierta por el hundimiento en las aguas del Peñón de Gibraltar de los bloques de hormigón, el ministro García-Margallo dice que quiere forzar una resolución de la ONU  que ponga en su sitio los abusos que, gracias al silencio español, no paran de cometer desde el último reducto del colonialismo que queda en suelo europeo.

No está claro todavía si con ello el jefe de la diplomacia española se refiere a un texto de condena por el daño medioambiental provocado por el delirante intento de ampliar los dominios del imperio británico en una zona del Mediterráneo donde más que un mar parece que se navega por un lago. También cabe la posibilidad de ir directamente al fondo de la cuestión que es el incumplimiento por parte de Inglaterra del derecho internacional que obliga a las potencias que todavía tienen colonias a soltar la presa.

Volver a resucitar el tema de Gibraltar en la Asamblea General de la ONU tendría para Rajoy el gran beneficio de acabar con las muchas dudas que hay sobre si lo de su “firmeza” va en serio, o es una gran tomadura de pelo con la que tener entretenidos un rato a sus electores compensándoles por la indignación y vergüenza suscitada por el caso Bárcenas. Aunque el Gobierno británico haga lo que es previsible con una resolución favorable a España, las verjas se abren y se cierran según el partido que gobierne (al menos en España) pero las resoluciones quedan y apuntalan las razones de quienes tienen el derecho de su parte.

No hay nada imposible. En tiempos del dictador Franco, los diplomáticos españoles salieron airosos del reto que suponía plantar cara a una superpotencia que, aunque en declive, contaba con su puesto permanente en la ONU y utilizaba con habilidad las fobias que generaba la dictadura española para debilitar los argumentos legales.

Jaime de Piniés, el brillante embajador español ante la ONU que llevó la misión a buen puerto, solía decir que una de las claves del éxito había sido el apoyo del grupo de los países recién descolonizados de África. España gozaba, pese al rechazo a la dictadura, de influencia en Iberoamérica y tenía grandes amigos en el grupo árabe que Franco había cultivado como primera receta para superar la diplomacia del cerco que había intentado aislar su régimen tras la Segunda Guerra Mundial. Sumando todos estos votos a los cosechados en el grupo de los nuevos estados africanos, uno de los más poderosos en lo que a número de votos se refiere, el embajador logró hacer cuadrar la aritmética que se impuso a la ventaja política de sus rivales. Su acción no se limitó a que el Peñón que Inglaterra decía era suyo (quedase clasificado como una colonia, sino que evitó que prosperase el plan B de Londres, el de “si me obligan a descolonizar porque no reconocen mi soberanía, que sea dejando en mi lugar un estado independiente manejable”.

Piniés no ocultaba que, como contrapartida a su apoyo en la cuestión de Gibraltar, los africanos habían presionado para que España diese el ejemplo a las demás potencias imperiales descolonizando las escasas posesiones que aún le quedaban al otro lado del Estrecho. Se cumplió con Ifni y Guinea Ecuatorial. Pero el carpetazo que el régimen dio al tema de Gibraltar con el cese del ministro de Exteriores Fernando María Castiella, contribuyó a que el proceso de descolonización del Sáhara Occidental quedase atrapado en un aplazamiento que, desgraciadamente, se prolonga hasta hoy.

Si la cuestión de Gibraltar volviese a la ONU en busca de una resolución, los países de la organización de la Unión Africana, para los que la solución del conflicto saharaui (ya lo contamos) es un asunto prioritario, tendrían una buena oportunidad de recordarle a España que no está bien aferrarse al derecho internacional cuando se trata de La Roca e incumplirlo de forma flagrante y continua con uno de sus pueblos hermanos. A ver entonces cómo les explica García-Margallo lo de que España está por los derechos del pueblo saharaui mientras su Gobierno, en lugar de hacer lo que debe como potencia administradora que sigue siendo de su antigua provincia número 53, defiende un acuerdo de pesca con Marruecos que implica un reconocimiento de la ocupación ilegal del territorio.

Por cierto, dice el “ministro principal” de Gibraltar Fabián Picardo que el Reino Unido «no tiene potestad» el Reino Unido «no tiene potestad» para obligarle a retirar los bloques de hormigón en la Bahía de Algeciras. Debe de ser que no le han proporcionado la lista de territorios no autónomos (pendientes de descolonizar) de este año: no sólo sigue estando Gibraltar incluido en la enumeración de contenciosos coloniales, sino que se indica muy claro que el Reino Unido es su potencia administradora. Por si los colaboradores de Picardo no dan con ella, aquí se la dejo.

N. de la R.
Este artículo se publica con la autorización de Ana Camacho, que también se puede leer en su página de Internet, enarenasmovedizas.


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