El juez sale a proteger a la asesora Dina al creer que puede estar “indefensa” frente a Pablo Iglesias

Pablo Iglesias

España
Espacios Europeos (5/7/2020)
Aprecia que se está produciendo un “conflicto de intereses” que puede perjudicarla, al compartir abogada con el vicepresidente segundo.

El juez Manuel García-Castellón, que instruye el caso Tándem contra el entramado delictivo montado por el comisario José Manuel Villarejo, ha pedido a las partes personadas en la pieza Dina que presenten alegaciones sobre el “conflicto de intereses” que a su parecer ha surgido con la abogada que defiende a la víctima.  Dina Bousselham está asistida por una letrada que representa al mismo tiempo al dirigente de Unidas Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

En una resolución conocida por EL ESPAÑOL, el magistrado considera necesario dispensar a la exasesora de Iglesias una “tutela judicial efectiva” que la “proteja” frente a “intereses ajenos” y garantice que Dina Bousselham no está en una situación de “indefensión“.

La resolución recuerda que Dina Bousselham fue instruida de sus derechos como víctima de un presunto delito de revelación de secretos en la comparecencia que protagonizó en la Audiencia Nacional el 27 de marzo de 2019, ocho días después de la apertura de la pieza.

García-Castellón incoó estas diligencias a la vista de que Villarejo tenía en su poder información personal e íntima de Bousselham procedente de un móvil que alguien sustrajo a la antigua asesora de Iglesias en noviembre de 2015. Mensajes que Dina almacenaba en el teléfono y que dejaban en mal lugar a Iglesias empezaron a aparecer en medios de comunicación a partir del verano de 2016. En uno de ellos, el político afirmaba que “azotaría hasta que sangrara” a una presentadora de televisión.

En su primera comparecencia en el Juzgado, Bousselham designó como letrada a Marta Flor Núñez y empezó a solicitar diligencias de investigación al amparo del Estatuto Jurídico de la Víctima del Delito, que reconoce a las víctimas el derecho a una participación activa en el proceso penal.

La intervención de Bousselham en el proceso a través de su abogada “deja ver de modo inequívoco la voluntad de la víctima de esclarecer los hechos que son objeto de este procedimiento“, afirma el instructor.

Pero esa condición procesal de víctima “se evidencia en este momento incompatible con la sostenida por la misma letrada” al interponer, en nombre de Pablo Iglesias, un recurso contra la decisión de García-Castellón de retirarle a él la condición de víctima  que también le otorgó en marzo de 2019.

El dirigente de Unidas Podemos ha pasado de tener el estatus de víctima de Villarejo a ser considerado sospechoso de delitos tras descubrirse que durante meses retuvo en su poder -tras examinar su contenido- la tarjeta del móvil robado a su exasesora, con mensajes y fotos de carácter íntimo.

En una fecha indeterminada Iglesias devolvió la tarjeta SIM a Bousselham, que inicialmente declaró que el dispositivo estaba dañado y no pudo acceder a la información, aunque luego se ha retractado para salvar a su jefe de una eventual imputación de un delito de daños informáticos.

Para el juez, el conflicto procesal se resume en que la abogada Marta Flor Núñez recurre en defensa de los intereses de Pablo Iglesias al mismo tiempo que evita que se materialice el derecho de Bousselham al esclarecimiento de lo ocurrido, en la medida en que seguir considerando víctima al dirigente de Podemos impediría investigarle para averiguar qué hizo con la tarjeta.

García-Castellón invoca el Estatuto de la Víctima para enfatizar que esta norma “refuerza especialmente” la obligación de los jueces de tutelar los derechos y libertades “sin que en ningún caso pueda producirse indefensión”.

Y añade que en cumplimiento de la “obligación de salvaguarda de los derechos e intereses de la víctima los jueces deben adoptar las medidas necesarias para garantizar sus derechos“, entre ellos “el de una tutela judicial efectiva que la proteja frente a intereses ajenos“.

Por ello, “a fin de salvaguardar y proteger a la víctima del delito investigado” y “ante el conflicto de intereses constatado“, García-Castellón acuerda dirigirse a los fiscales, a la propia perjudicada y al resto de las partes personadas para que presenten alegaciones sobre la actuación bifronte de la defensora que Dina Bousselham y Pablo Iglesias vienen compartiendo.

Fuente: El Espanol.





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Editor y Director: Eugenio Pordomingo Pérez. Editado en Madrid. ISSN 2444-8826

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